Maduro, Duque y el Plan Maestro

Carlos Fazio

El 4 de agosto, durante una parada militar en Caracas, un grupo terrorista atentó con drones DJI M600 cargados de explosivos contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, para intentar conseguir por la vía del magnicidio lo que la oposición de ultraderecha proestadunidense no ha podido conseguir en una veintena de elecciones ni tampoco a través del golpe de Estado de 2002;[1] el sabotaje petrolero de 2002-2003 de la gerontocracia de PdVSA, Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la Coordinadora Democrática, la jerarquía conservadora de la Iglesia católica y los medios hegemónicos cartelizados; las sanciones y la guerra económica, y la guerra no convencional del Comando Sur del Pentágono, desplegada en su última fase de 2015 a la fecha mediante campañas de intoxicación mediática, sabotajes y actos violentos, con apoyo de la Organización de Estados Americanos y los gobiernos cipayos del Grupo de Lima.

            Uno de los drones usó como explosivo pólvora y pentrita (sustancia como la que causó la explosión del Boeing 747 de PanAm sobre Lockerbie, Escocia, en 1988, con saldo de 270 muertos) y el otro pólvora y C-4 (explosivo plástico de uso militar utilizado por agentes de la CIA para derribar la nave de Cubana de Aviación sobre Barbados, en 1976, donde murieron 73 personas, y en el asesinato de Orlando Letelier, el excanciller de Salvador Allende en Washington, ese mismo año; el favorito para las operaciones de bandera falsa de la red Gladio de la OTAN, y el que derribó la torre II de Pemex, en México, en 2013). Ambos drones fueron dirigidos a la avenida Bolívar con el fin de que uno explotara en la parte superior de la tarima presidencial y el otro en la zona frontal, para asegurar la muerte de Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, miembros de su gabinete y los mandos de los institutos armados. Los equipos inhibidores de señales del anillo de seguridad presidencial hicieron que los drones se desorientaran y los explosivos detonaron fuera del perímetro planificado por los terroristas.

            Los dos grupos operativos fueron detenidos el mismo día. Uno, integrado por el sargento retirado de la Guardia Nacional, Juan Carlos Monasterios, y Argenis Valero Ruiz, en flagrancia; el otro mientras huía hacia Colombia. Los frustrados magnicidas confesaron que recibieron entrenamiento en la finca Atalanta en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, en Colombia; allí aprendieron a manejar drones. Se les ofreció pagar 50 millones de dólares y estadía en Estados Unidos.

De los audios de las conversaciones que los autores materiales mantuvieron entre sí mientras ejecutaban el atentado y posteriores declaraciones ministeriales de Juan Carlos Monasterios, jefe operativo del acto terrorista, se estableció que dos de los autores intelectuales fueron Rayder A. Russo, quien reside en Colombia y entrenó a los sicarios en la finca Atalanta, y Osmán Delgado Tabosky, financista venezolano que vive en Miami, Florida, quien advertido por sus cómplices que los drones habían perdido el control, detonó uno de manera remota a miles de kilómetros del lugar de los hechos. Monasterios, Russo y Delgado habían participado en el ataque al fuerte Paramacay en 2017, y eran buscados por la justicia venezolana.

El ex jefe de la Asamblea Nacional, Julio Borges, refugiado en Colombia desde febrero último, y su correligionario de Primero Justicia, Juan Requesens, detenido en Caracas, también participaron en la trama fallida. El gobierno de Venezuela giró el viernes una orden internacional de captura (“código rojo” de la Interpol) contra Delgado, Russo y Borges, implicado en el caso por Requesens y Monasterios. Maduro también acusó al coronel retirado Oswaldo Valentín García Palomo de ser el “jefe de los asesinos” y de intentar captar militares para derrocarlo.

Asimismo, el 6 de agosto, el presidente de Venezuela dijo tener “pruebas suficientes” de la complicidad en ese acto de barbarie del mandatario saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien ha mantenido múltiples reuniones con Julio Borges. En vísperas de culminar su mandato Santos declaró “veo cerca la caída de Nicolás Maduro (…) ojalá mañana” (mismo terminara su gobierno de) “forma pacífica”.

El 9 de agosto, durante un encuentro a puerta cerrada en la Secretaría de Relaciones Exteriores de Bogotá, el nuevo canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, le expresó a Borges el “apoyo incondicional” del gobierno de Iván Duque para “rescatar la democracia y la legalidad en Venezuela”.

Señalado por sus adversarios como un “títere” del expresidente Álvaro Uribe −sindicado por sus vínculos con el paramilitarismo, el narcotráfico y acusado de genocidio−, Iván Duque ya tiene una estrategia para negociar con la administración Trump una dispensa para Colombia con los aranceles de importación del acero y el aluminio: tomar las riendas de la guerra encubierta del Pentágono contra Venezuela, desde la frontera colombiana.

A principios de julio, ya designado presidente electo, Duque corrió a recibir instrucciones en Washington del aparato de seguridad de la administración Trump. Allí se reunió con el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado, Mike Pompeo, la directora de la Agencia Central de Inteligencia, Gina Haspel, el zar antidrogas James Carrol, y con el asesor de Seguridad Nacional, el superhalcón John Bolton.

Del encuentro con Pence, Duque sacó particular ventaja al aprovechar la preocupación del vicepresidente de EU sobre la “amenaza” que supone para Colombia la “dictadura” de Maduro, y solicitó apoyo estadunidense en materia militar, de inteligencia y seguridad. Y como dijo entonces el presidente colombiano entrante, el lenguaje común con EU “es el de los resultados” –verbigracia, el fin justifica los medios, lo que no lo exime de que en cualquier momento Trump le dé una patada en el trasero−, por lo que se puso a trabajar para que lleguen rápido: el 10 de agosto, tres días después de asumir el cargo con el alborozo de las estructuras paramilitares, anunció el retiro “irreversible” de Colombia de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y abogó por la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela. Ya antes, había prometido llevar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, donde su patrón, Uribe, está acusado por crímenes de lesa humanidad, y esperan turno los mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Creada en 2008, la Unasur auspició el Consejo de Defensa Sudamericano, integrado por 12 países, que entre sus propósitos principales tuvo consolidar a Sudamérica como zona de paz y servir de contrapeso a los afanes intervencionistas del Pentágono en los ejércitos locales, con fines de alineamiento y adoctrinamiento. En ese contexto, en mayo de 2018, el “pacifista” Santos introdujo a Colombia como “socio global” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, máximo exponente de las intervenciones militares, abiertas y encubiertas, después de la guerra fría. Con lo que Colombia, con siete bases militares de EU en su territorio, se convirtió en un peón del Comando Sur del Pentágono y la OTAN en el hemisferio.

Ahora, monitoreado por el embajador de EU en Bogotá, Kevin Whitaker −quien en 2014 patrocinó los intentos de golpes blandos guarimberos y magnicidas liderados por María Corina Machado−, Duque, continuador del “fascismo social” de Álvaro Uribe, aspira cumplir un papel relevante en el llamado “Golpe Maestro” diseñado por el jefe del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, quien dijo que el gobierno bolivariano solo puede ser derrocado a través de una “operación militar bajo bandera internacional, patrocinada por la Conferencia de los Ejércitos Latinoamericanos, bajo la protección de la OEA y la supervisión, en el contexto legal y mediático del secretario general, Luis Almagro”. La fachada para imponer un bloqueo marítimo a Venezuela podría ser el eufemísticamente llamado ejercicio naval multinacional Unitas Lix – 2018, del que Colombia será anfitriona en septiembre próximo.

Es en ese contexto que desde junio pasado llegaron misiones de los “Cascos Blancos” de la Cancillería argentina a las poblaciones colombianas de Cúcuta y Maicao, fronterizas con Venezuela. No llegaron a atender a niños colombianos −en una región abandonada por el gobierno desde el punto de vista sanitario y donde cada año fallece un número considerable de menores de 5 años por hambre−, sino a asistir a migrantes venezolanos.

¿Tendrá eso que ver con el agradecimiento del Departamento de Estado por el trabajo que esa organización hizo bajo el patrocinio de EU en Siria en el sonado caso de las “armas químicas”, utilizado para justificar los bombardeos del Pentágono en ese país?

La respuesta a esa interrogante la dio el extitular de los Cascos Blancos argentinos, Gabriel Fucks, cuando dijo que la misión en la frontera colombiana, más que una acción de asistencia sanitaria, forma parte de una política de presión contra Venezuela, en sintonía con la posición subordinada del gobierno de Mauricio Macri en la OEA, quien sigue la ruta de Uribe y Santos, y ha aceptado desplegar en el territorio argentino una nueva red de bases militares estadunidenses: una en Neuquén, en el estratégico sur patagónico, cerca de la reserva gasífera de Vaca Muerta, financiada por el Comando Sur con “ayuda humanitaria” (sic), y dos en Tierra de Fuego, la de Tolhuin y la de Ushuaia.

La patota de Lima

Tras la escaramuza fallida con drones, dirigida a provocar un asesinato en masa de líderes civiles y militares en Venezuela que hubiera generado un caos social y desembocado en una guerra civil, el Comando Sur seguirá buscando generar divisiones al interior de las instituciones armadas bolivarianas, y el eventual levantamiento de alguna guarnición castrense, como la ocurrida hace unos meses en el Fuerte Paramacay, a fin de asegurar que el poder sea transferido sin demora a las “autoridades civiles legítimas, miembros de la Asamblea Nacional” presidida por Julio Borges, para lo que se estaría evaluando “liberar” una zona del país en donde instalar un “gobierno paralelo” que pueda ejercer funciones de hecho, con el respaldo de Washington, sus socios de la OTAN y la patota del Grupo de Lima.

Como señaló el 6 de agosto el editorial principal del diario La Jornada, el presidente de México, Enrique Peña Nieto y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, guardaron inicialmente un “silencio inexplicable” ante el atentado terrorista, lo que “denota un doble rasero basado en la animadversión ideológica contra Maduro”.

Ese silencio fue roto el sábado 11 por el canciller mexicano Luis Videgaray, quien con otros ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima, exhibiendo una doble moral, en un comunicado conjunto, consideraron el hecho criminal como un simple “evento” o “incidente”, que estaría siendo utilizado por Nicolás Maduro para “manipular” a la opinión pública y “perseguir y reprimir a la disidencia política” venezolana. Desde sus redes sociales, Videgaray envió un “abrazo” a Borges y todos los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela, con lo que ratificó su papel de “yes-man” al servicio de la administración Trump.

Igual papel asumieron los medios hegemónicos cartelizados, reproductores de lo que Umberto Eco denominó “Ur Fascismo” −el fascismo latente en la sociedad moderna−, quienes minimizaron (incidente con drones), relativizaron (supuesto atentado) o silenciaron (censuraron) la tentativa de magnicidio y el acto de terrorismo, y cuando no, recuperando las nociones oscurantistas de siempre, lo calificaron como un “montaje”, “autoatentado” o “maniobra” para ocultar la represión, con lo cual en los hechos están validando el asesinato como práctica política tan cara a la CIA.

Por toda respuesta, durante un acto con la cúpula militar el sábado 11, el presidente Maduro abrió la posibilidad de que el FBI (Buró Federal de Investigaciones de EU) coopere en las indagaciones del caso en Caracas, si Washington acepta que también investigue los vínculos de las células terroristas con sus patrocinadores en Miami, Florida, en particular con Osmán Delgado Tabosky, quien activó a distancia la carga explosiva del dron frente a la tarima presidencial.

A diferencia de los “pájaros metálicos” Predator y Reaper fabricados por General Atomics en California y armados con misiles Hellfire producidos por Lockheed Martin, que han sido utilizados por Barack Obama y Donald Trump en operaciones de muertes selectivas en Yemen, Somalia, Pakistán, Libia y Siria, los drones DJI M600 de última generación, con un rendimiento de vuelo mejorando y una mayor capacidad de carga, son utilizados con fines industriales y profesionales de diversos rubros, incluidos, como en el caso de Caracas, militares.

El Pentágono y la CIA, instrumentos punitivos y letales del “gobierno en las sombras” de Estados Unidos −país donde cuatro presidentes fueron asesinados: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John F. Kennedy, y ocho más sobrevivieron a intentos de magnicidios, el último Ronald Reagan en 1998−, han hecho del magnicidio uno de los recursos de agresión planificada, en sus intentos por imponer a sangre y fuego una nueva fase de restauración neoconservadora en Nuestra América.

[1] Cabe recordar que durante una conferencia dictada el 8 de octubre de 2014 en el Centro para la Innovación en Gobernanza Internacional (CIGI), Universidad de Waterloo, Ontario, Canadá, Lawrence (“Larry”) Wilkerson (jefe de gabinete del secretario de Estado, general Colin Powell), dijo: “¿Creen ustedes que nosotros no tuvimos nada que ver con el intento de golpe de Estado para derrocar a Hugo Chávez? Claro que tuvimos que ver; yo estuve allí.”

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AMLO y el poder real

Carlos Fazio/III
El pasado 13 de junio, The Financial Times atribuyó a Carlos Urzúa, secretario de Hacienda designado por el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, la frase vengan, vengan e inviertan en México, sólo que no en el sector petrolero. La nota destacaba que AMLO había llamado a detener las licitaciones en el sector para revisar los contratos ya adjudicados, mientras se decidía el ritmo del desarrollo petrolero del país.

El 7 de mayo anterior, Urzúa había acompañado a López Obrador durante un encuentro de una hora en México con el magnate de Wall Street Larry Fink, presidente ejecutivo de BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo y líder global en Fondos Negociables en la Bolsa (ETF, por sus siglas en inglés). Según Urzúa, fue una reunión muy afable y hubo un click inmediato entre AMLO y Mr. Fix-it, como lo apodan por su capacidad de solucionar problemas.

Rocío Nahle, futura titular de Energía del virtual presidente electo, afirmó que el encuentro fue solicitado por el CEO del gigante financiero, quien sólo quería conocer al político tabasqueño. Dijo: No hablaron de contratos ni de la reforma energética. No obstante, añadió que López Obrador le dijo que estuviera tranquilo, porque en los contratos donde todo estuviera bien, los inversionistas no iban a tener problemas.

Con activos bajo administración por más de 6.2 billones de dólares en 2017 –casi cinco veces el PIB de México–, BlackRock es el fondo más poderoso de la Bolsa Mexicana de Valores, con 131 mil 412 millones de pesos invertidos, y tiene posiciones en todas las empresas que conforman el principal índice de la BMV, siendo Alfa, Arca Continental, América Móvil, Cemex, Comercial Mexicana y Femsa en las que su tenencia es mayor; además, tiene acciones en otras 66 empresas.

A finales de 2017, BlackRock se quedó con la administración de los fondos de inversión de Citibanamex, cuyos activos suman poco más de 30 mil millones de dólares. Y desde 2015, BlackRock, con sede central en Nueva York, participa en la construcción de la segunda fase del gasoducto de Los Ramones II (con una inversión de 900 millones de dólares), en el ducto de transporte de gasolinas y diésel que va de Tuxpan, Veracruz, al centro del país. En octubre de ese año adquirió el fondo mexicano Infraestructura Institucional, con lo cual se metió en la codiciada licitación de proyectos petroleros de la Ronda Uno realizada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues la administradora estadunidense tiene participación en Sierra Oil & Gas, una de las grandes ganadoras de los concursos. Asimismo, en 2017 firmó un memorándum de entendimiento con Pemex para invertir en el Proyecto Golfo Centro y el Transoceánico para el transporte de gas natural.

Prototipo del resultado de la insurgencia plutocrática, BlackRock se ha hecho del control directo o indirecto de cinco proyectos de infraestructura energética en territorio mexicano, y lo ejerce por medio de una compleja estructura corporativa que pasa por múltiples paraísos fiscales. Gretchen Morgenson, ganadora del Premio Pultizer por sus artículos sobre operaciones en Wall Street, ha señalado que por conducto del Naftrac –un tracker del índice de bolsa que simula el comportamiento del IPC y que es la acción que más opera en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)–, BlackRock pudo haber realizado operaciones poco éticas con información privilegiada. Naftrac es propiedad de BlackRock.

Si BlackRock fuese un país, sería la tercera economía del planeta tras Estados Unidos y China. Marco Antonio Slim Domit, hijo de Carlos Slim, es uno de los miembros de la junta directiva de BlackRock. Y no está de más recordar quiénes son las principales firmas de la BMV donde tiene inversiones BlackRock: Alfa es un conglomerado multinacional del Grupo Monterrey administrado por Armando Garza Sada, que abarca la producción de petroquímicos, componentes automotrices de aluminio y alimentos refrigerados, participa en la extracción de gas natural y crudo y ofrece servicios de tecnología de la información; Arca Continental, con sede en Monterrey, es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y la tercera en volumen en el mundo; América Móvil es una empresa de telecomunicaciones con presencia en 18 países de América y más de 260 millones de usuarios, que opera con el nombre de Claro y junto a Telmex son controladas por el Grupo Carso, cuyo accionista mayoritario es el magnate Carlos Slim; Cemex, presidida por Rogelio Zambrano Lozano y con oficina central en Monterrey, es una compañía multinacional de la industria de la construcción (cemento y concreto premezclado) con clientes en más de 50 países; Femsa, segunda embotelladora de las marcas de The Coca-Cola Company en el orbe, con participación en Heineken y dueña de la cadena comercial Oxxo (que incluye la red de gasolineras OXXO Gas), es presidida por José Antonio Fernández Carbajal, del Grupo Monterrey.

Con tales socios y esos intereses en la industria energética, los fondos de pensión y el mercado bursátil, cuesta creer que el plutócrata más poderoso del mercado haya venido a México un mes y medio antes de los comicios sólo… a conocer a López Obrador.

AMLO y el poder real

Carlos Fazio
Ayer, primero de julio, millones de mexicanos salieron a votar, y si no hubo un fraude de Estado monumental, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será el próximo presidente de la República. De no ocurrir nada extraordinario en el periodo de transición, el primero de diciembre próximo AMLO deberá asumir el gobierno. Pero en ese lapso, y aún más allá del mediano plazo, el poder seguirá estando en manos de la clase capitalista ­trasnacional.

Es previsible, también, que a partir de este 2 de julio, el bloque de poder (la plutonomía, Citigroup dixit), incluidos sus medios hegemónicos (Televisa y Tv Azteca, de Azcárraga y Salinas Pliego, ambos megamillonarios de la lista Forbes), y sus operadores en las estructuras gubernamentales (el Congreso, el aparato judicial, etcétera), escalarán la insurgencia plutocrática buscando ampliar sus privilegios y garantizar sus intereses de clase, y para seguir potenciando la correlación de fuerzas en su favor.

Más allá del ruido de las campañas, el proceso electoral transcurrió bajo el signo de la militarización y la paramilitarización de vastos espacios de la geografía nacional, y de una guerra social de exterminio (necropolítica) que elevó los grados de violencia homicida a límites nunca vistos en el México moderno, similares a los de un país en guerra (naturalizándose en vísperas de los comicios el asesinato de candidatos a cargos de elección ­popular).

Como recordó Gilberto López y Rivas en La Jornada, ese conflicto armado no reconocido es la dimensión represiva de lo que William I. Robinson denomina acumulación militarizada, cuya finalidad es la ocupación y recolonización integral de vastos territorios rurales y urbanos para el saqueo y despojo de los recursos geoestratégicos, mediante una violencia exponencial y de espectro completo que es característica de la actual configuración del capitalismo; el conflicto y la represión como medio de acumulación de la ­plutonomía.

Para ello la clase dominante hizo aprobar la Ley de Seguridad Interior. Y está latente, para su ratificación en el Senado, la iniciativa de Diputados de quitar el fuero al presidente de la República; la denominada estrategia de lawfare aplicada a Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, que implica el uso de la ley como arma para perseguir y destruir a un adversario político por la vía parlamentaria y/o judicial; una variable de los golpes suaves de manufactura estadunidense que podría revertirse contra AMLO.

Al respecto, y más allá de su giro hacia el centro y el rediseño de su programa de transición reformista −capitalista, democrático y nacional, con grandes concesiones al bloque de poder dominante−, la llegada de López Obrador al gobierno pudiera implicar, en principio, una ralentización o respiro (Galeano dixit) a la tendencia del mentado fin de cicloprogresista y restauración de la derecha neoliberal en América Latina.

El impulso de una nueva forma de Estado social, sin ruptura frontal con el Consenso de Washington, significará, no obstante, un cambio en la correlación de fuerzas regionales y tendrá tremendo impacto en los pueblos latinoamericanos. Por ello no es para nada inocente –o simplemente centrada en la profundización de las políticas de cambio de régimen en Venezuela y Nicaragua− la reciente gira neomonroísta del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por Brasil, Ecuador y Guatemala.

Cabe recordar el inusualmente crítico editorial del Washington Post del 18 de junio, que asumió como suficientemente creíbles los nexos de colaboradores cercanos de López Obrador con los gobiernos de Cuba y Venezuela, y las declaraciones del senador republicano John McCain, tildando a AMLO como un posible presidente izquierdista antiestadunidense y las del actual jefe de gabinete de la administración Trump, general (retirado) John Kelly, quien afirmó que López Obrador no sería bueno para Estados Unidos ni para México.

Según asesores de política exterior de AMLO, ante Washington, su gobierno antepondrá la defensa a ultranza de la soberanía nacional; revisará el marco de la cooperación policial, militar y de seguridad (DEA, CIA, ICI, Pentágono, etcétera), y bajo la premisa de que la migración no es un crimen, incrementará la protección de los connacionales irregulares, como si fuera una procuraduría ante los tribunales de Estados Unidos. También revisará los contratos petroleros y de obra pública. Lo que sin duda traerá fuertes confrontaciones con la Casa Blanca y la plutocracia internacional.

Como dice Ilán Semo, en México la Presidencia de la República encierra potencialidades simbólicas insospechadas; una suerte de carisma institucional. No importa quién la ocupe, incluso a un inepto (pensemos en Vicente Fox), el cargo le trasmite un aura: es el Presidente. Tras la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, AMLO quiere trascender a la historia como el hombre de la cuarta transformación. Pero para ello se necesita un cambio de régimen e impulsar grandes saltos en la conciencia política de los sectores populares; sin un pueblo organizado y movilizado tras un proyecto de cambio radical y profundo, no hay carisma que alcance.

Tlatlaya Revealed: Archive Petition Cracks Open Investigative File on Mexican Army Massacre

UNREDACTED

Soldiers Changed Testimony, Implicated Others in Executions

National Security Archive Appeals on Human Rights Grounds, Wins Massacre Evidence from Mexican Attorney General 

Tlatlaya_AFP_cover Cover of the 268-page “Auto Formal de Prisión”

An access-to-information request and appeal filed by the National Security Archive for the secret investigative files on an important human rights case has produced new, more detailed, evidence about the actions of Mexican Army soldiers accused of executing at least 11 people who surrendered after a June 2014 firefight in the state of Mexico.

Released in accordance with the human rights exception in Mexico’s access law, the report on the massacre in Tlatlaya raises new questions about how Mexican authorities have handled the investigation (which is already marred by accusations of torture and cover-up), the exact number of executions that occurred that day, and why some of the soldiers later changed their testimonies to implicate others in the crime.

The newly-available report

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Sobre el NAICM, la plutocracia y el Grupo Atlacomulco

2do. Diálogo nacional sobre el NAICM,

Auditorio Che Guevara, Facultad de Filosofía y Letras,

Ciudad Universitaria.

 

Sobre el NAICM, la plutocracia y el Grupo Atlacomulco

 Carlos Fazio

México vive en la coyuntura una aguda lucha de clases. Una violenta lucha de clases promovida por los que mandan: los barones del dinero. Se trata de una violencia impulsada por una minúscula clase capitalista transnacional (CCT), que ha integrado a México al nuevo sistema globalizado de producción, finanzas y servicios. La CCT está formada por los propietarios y gerentes del capital transnacional, que operan como agentes del capitalismo global. Sus intereses radican en promover circuitos de acumulación de capitales globales; no nacionales. Pero como dice William I. Robinson, a pesar de la retórica del fundamentalismo del mercado total, el sistema capitalista no puede sostenerse únicamente a través de las relaciones de mercado. Para funcionar el capitalismo requiere del Estado. Por eso, con mayor profusión desde los años 90 del siglo XX, de la mano de la dictadura del pensamiento único neoliberal, al igual que en los centros de poder hegemónico la clase capitalista transnacional mexicana viene impulsando una “insurgencia plutocrática” (Robert Bunker) para subordinar al Estado.

Al amparo del presidencialismo autoritario y ejerciendo un poder de facto (de hecho), que no de jure (legal), la cúpula empresarial y financiera y los personeros del capital transnacional desmantelaron el viejo “Estado social” (o “benefactor”) y lo sustituyeron por  un “Estado niñera” a su servicio (Chomsky dixit). A partir del dominio de recursos vitales y/o estratégicos que le dan el control de la ideología, la sociedad y la economía, obtenido la más de las veces mediante el tráfico de influencias −una práctica ilegal (ya que se basa en la corrupción, el cohecho, el soborno y el lobby) o al menos éticamente objetable−, la CCT privatizó y secuestró el poder del Estado mexicano y lo utiliza en función de sus intereses; para obtener favores o un tratamiento preferencial.

Así, luego de destruir y/o reducir todo lo referente al contrato social que los trabajadores y los pobres habían conseguido tras un siglo y medio de grandes luchas, la clase dominante generó un nuevo y poderoso Estado nana que les proporciona los recursos públicos, los subvenciona y los protege. Ello no fue fruto de la voluntad popular, sino, básicamente, de una corporativización del poder a través de la unción fraudulenta o inducida de sucesivos presidentes neoliberales, que han venido actuando como gerentes o administradores de los intereses del gran capital, con apoyo de una partidocracia que abdicó del interés público; lo que dio como resultado una forma de “tiranía privada depredadora” (Chomsky) que se ha dedicado a “asaltar y saquear los presupuestos públicos” (Robinson).

La clase capitalista transnacional mexicana tiene rostro: está integrada por un puñado de megamillonarios entre los que figuran Carlos Slim Helú (Grupo Carso), Germán Larrea (Grupo México), Carlos Hank Rhon (Grupo Banorte), Alberto Bailleres (Industrias Peñoles), Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca) y Emilio Azcárraga Jean (Televisa). Son 16 hombres y mujeres que aparecieron en el listado 2017 de la revista Forbes, algunos de los cuales integran el multicitado Consejo Mexicano de Negocios (CMN), integrado por unas 40 familias propietarias de grupos como Kimberly-Clark de México, Posadas, Mexichem, FEMSA, Bachoco, Modelo, Vitro, Banamex-Accival, Bimbo y Soriana, que suscribieron el “Así No” contra Andrés Manuel López Obrador.

El aumento del poder privado trajo como consecuencia la eliminación de los derechos de los trabajadores, de los derechos políticos, del derecho al sustento básico e incluso de lo que solía llamarse el derecho a la vida. La polarización sin precedente de la riqueza entre los pocos que tienen mucho y las mayorías que no tienen casi nada, agravó las contradicciones internas y viene generando conflictos sociales y crisis de legitimidad estatales. Esa división de la sociedad entre ricos y masas pauperizadas ha creado un nuevo apartheid de la pobreza.

Para ganar legitimidad, en tiempos electorales las elites opresoras (la burguesía organizada diría Marx) se disfrazan de liberales y suelen presentar su propio proyecto (de dominación encubierto) como representante de “toda” la sociedad, y a través de los medios de difusión masiva bajo control monopólico privado, califican de “populistas” a quienes impulsan un proyecto alternativo de nación. Asimismo, en tales circunstancias, los poderes fácticos se presentan como la encarnación (en realidad usurpación) de la “sociedad civil”, término que surgió como una propuesta contraria a la concentración del poder y negación del corporativismo.

Sumado a la reconfiguración de una nueva estructura de relaciones sociales de dominio y explotación de los trabajadores por los propietarios de los bienes de producción y sus colaboradores (ciudad-campo, clases sociales), la plutocracia mexicana y sus socios de la CCT han venido impulsando el colonialismo interno. Es decir, la explotación de unas regiones por otras con la zanahoria del “progreso”, el “desarrollo” y la “modernidad”. Verbigracia, la “ciudad Slim” del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM), proyectada por el dueño del Grupo Carso en asociación con el Grupo Atlacomulco y el clan Salinas de Gortari, y las Zonas Económicas Especiales (ZEE) que administra Gerardo Gutiérrez Candiani.

Lo anterior tiene que ver con la ocupación de los espacios territoriales y sociales; con la ocupación, apropiación, redemarcación y reestructuración del espacio (Lefebvre), por redes de poderosas empresas oligopólicas y sus milicias paramilitares (para el control represivo) con apoyo gubernamental, vía expropiaciones y/o el despojo de territorios y la creación de una economía de enclave (maquila), que asfixia a la producción local, elimina a buena parte de los medianos y pequeños empresarios, y se ensaña con los artesanos y las comunidades. En todo caso, la alternativa de “sumisión con expoliación o desempleo con exclusión” se plantea como la “opción racional” a los pobladores y trabajadores y sus familias (González Casanova).

         El colonialismo insidioso y el NAICM

 Según Boaventura de Sousa Santos, las nuevas formas del colonialismo (interno) son más insidiosas porque se disfrazan de otras formas de dominación y se producen en el núcleo de relaciones sociales, económicas y políticas dominadas por las ideologías del antirracismo, de los derechos humanos universales, de la igualdad de todos ante la ley, de la no discriminación. El pensador portugués sostiene que “el colonialismo insidioso es gaseoso y evanescente, tan invasivo como evasivo, en suma, astuto”.

Lo anterior podría aplicarse al magnate Carlos Slim Helú, en la defensa que hizo de sus intereses en las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.

Los antecedentes del caso tienen que ver con la reactivación de la polémica en torno a la viabilidad y los riesgos reales de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y la eventual cancelación de la obra en caso de que el candidato López Obrador (AMLO) gané las elecciones a la presidencia de la República el 1º. de junio venidero.

El 22 de marzo pasado, AMLO señaló que a 99 días de los comicios, el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba firmando numerosos convenios de miles de millones de pesos para “obras a futuro” en el NAICM y anunció que interpondría amparos para frenar esos arreglos. Dijo: “No aceptaré contratos leoninos, manchado de corrupción bajo ninguna amenaza… no soy títere de nadie”. Y agregó: (Están) “comprometiendo el presupuesto del gobierno federal (por ejemplo para fibra óptica)  para amarrarnos las manos… todo el sexenio nuestro va a ser para estar pagando deudas, es como un Fobaproa. No voy a aceptar eso”.

Un día después, en Guadalajara, Jalisco, al participar en el foro del Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción, ante más de 300 constructores de todo el país, propuso la creación de una “mesa técnica” integrada por representantes del empresariado, el gobierno y su equipo, para revisar la pertinencia del proyecto del nuevo aeropuerto. Allí volvió a repetir: “No se trata de preservar los negocios de nadie, sino de preservar los intereses de la nación”. Dijo que existen alternativas para evitar un “derroche de presupuesto público” en una “obra faraónica estimada en 250 mil millones de pesos”. Ofreció terminar con los “moches” y las asignaciones directas en los procesos de adjudicación de obra pública, y remató: “Quieren que yo, con los ojos cerrados, firme un cheque en blanco, y aunque se trate de contratos leoninos, como los de Odebrecht, los acepte”.[1]

Presente en el evento, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, respondió que sus agremiados también estaban en contra de la corrupción y aceptó la propuesta para una revisión técnica de la obra así como de la transparencia de las asignaciones del megaproyecto transexenal. Un día después, el diario El Universal tituló así la nota: “Revisarán López Obrador e IP proyecto de nuevo aeropuerto”.[2] A su vez, Milenio, tituló: “Pactan AMLO y CCE mesa por aeropuerto”.[3]

El anuncio puso a temblar a todos los involucrados  en la construcción del NAICM. Y en la emergencia, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza –uno de los más desacreditados integrantes del gabinete de Peña Nieto, involucrado en prácticamente todas las obras públicas en las que se han detectado irregularidades, deficiencias o abiertas corruptelas, incluida la del sonado caso del Paso Exprés de Cuernavaca−, salió a declarar que la suspensión de la obra sería “un descrédito para el país; generaría desconfianza en México, habría una pérdida económica tremenda (y) prácticamente perdería la fe en nosotros (sic) la comunidad financiera internacional, quizá la empresarial”.[4]

Ese mismo día (23 de marzo), Ricardo Rangel Fernández McGregor, de CI Banco, la institución financiera que actuó como fiduciario de la operación por la que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) obtuvo recursos por 30 mil millones de pesos, aseguró que ese instrumento financiero permitiría a los inversionistas participar de “ganancias futuras”. Reveló, también, que 80% de la colocación del papel en bolsa fue tomado por las Afore (Administradoras de fondos para el retiro) y que uno de los principales compradores de los títulos fue el Grupo Financiero Inbursa, controlado por el empresario Carlos Slim Helú.[5]

En buen romance, una vez más, el dinero de los pobres beneficiaría los negocios de los ricos. Con el agregado de que la maniobra financiera podría resultar potencialmente nociva para millones de ahorradores, dado que dos semanas antes se había revelado que en 2015, el fondo de pensiones de los trabajadores del Estado mexicano (Pensionissste) había adquirido más de 400 millones de pesos en acciones de la constructora ICA, de Bernardo Quintana, cuando ésta ya daba señales claras y públicamente conocidas de insolvencia, lo cual derivó en la pérdida de 99 por ciento del dinero invertido, ya que el ahorro de los burócratas se diluyó en la reestructura de la empresa en 2017. Huelga decir que los millones de ahorradores de Pensionissste nunca fueron consultados o siquiera informados, y que la operación, si bien fue legal, se realizó con total opacidad y con una discrecionalidad que da pie a sospechar de transacciones marcadas por el dolo y la corrupción.[6]

El 2 de abril la polémica sobre el aeropuerto no cedía, y en una entrevista concedida a La Jornada, AMLO dijo que el NAICM “es un barril sin fondo, es tirar dinero al lago de Texcoco”, pues se eligió el “peor lugar” posible, dado que se trata de un sitio donde hay más hundimientos que en el resto del valle de México. Reiteró que analizaría las vías jurídicas para evitar la continuación de la obra, pidió tranquilidad a los inversionistas, ya que de ganar garantizaría sus bonos y sus contratos,  y se opuso a la firma de nuevos contratos que dejarían comprometido el presupuesto (federal) a la manera de una “camisa de fuerza” a su gobierno. “No hay racionalidad, es el afán de obtener dinero mediante estos contratos del gobierno”, remató.[7]

 Carlos Slim, juez y parte

 El pasado 16 de abril, mientras el debate se mantenía vivo −y tras haber sido vapuleado por sus pares y el gobierno en los medios el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, por haber aceptado la propuesta de López Obrador de revisar técnicamente los acuerdos sobre el nuevo aeropuerto−, saltó a escena el hombre más rico del país y empresario consentido desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, cuando fue beneficiado por la desincorporación de Teléfonos de México: Carlos Slim Helú.

En conferencia de prensa, y sin nombrarlo por su nombre, Slim advirtió a López Obrador que cancelar el nuevo aeropuerto sería un freno para el desarrollo del país. Afirmó que el proyecto en marcha “es un paradigma detonador de desarrollo fantástico”, y destacó que la obra tal vez sólo sea comparable con la construcción del Canal de Panamá, no por la inversión sino por sus efectos económicos y sociales. Dijo que la misma “beneficiará a cinco millones de personas que hoy viven en condiciones no aceptables en el área más pobre y abandonada de la Zona Metropolitana del Valle de México” (gobernada por Peña Nieto, Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo en los últimos 13 años) y que en 10 o 15 años se abatiría la marginación y crecería la clase media.[8]

Señaló, también, que los aspirantes a la presidencia de la República no deben opinar sobre la construcción del nuevo aeropuerto. Dijo: “Ahorita no tienen por qué meterse, ahorita son candidatos, esta es una decisión que se tomó hace cinco años. Es más, la decisión estaba tomada desde el gobierno de Vicente Fox”.

De paso, el magnate minimizó la importancia de las inversiones de Carso Infraestructura y Construcción (Cicsa) y de la española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC, donde tiene participación accionaria), al afirmar que “apenas” representan  4% de los ingresos totales de sus empresas. También explicó que la Sociedad de Inversión de Fondos para el Retiro de Inbursa participa en la Fibra E (el instrumento creado para fomentar la infraestructura del nuevo aeropuerto), porque ofrece un rendimiento de 10% y su pago está garantizado por la tarifa de uso aeroportuario.

Fue evidente que Slim se metió en la polémica, porque dialogar con el equipo de López Obrador sobre el nuevo aeropuerto y su propuesta alterna de utilizar la base de Santa Lucía, implicaba, de facto, considerarlo vencedor en los comicios de julio próximo. Otra variable es que Slim intervino en un intento por cohesionar a los grandes grupos de interés que se sienten profundamente preocupados por la alta probabilidad de que López Obrador gane los comicios. Asimismo, permitió rescatar al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, del embrollo en el que se había metido al “pactar” con AMLO una mesa de análisis técnico (por cierto, tras la conferencia de Slim, Castañón aprovechó para cancelar la mesa de diálogo con AMLO, acusándolo de “intolerante”).

El problema, como señaló Alberto Barranco, es que Carlos Slim se colocó como juez y parte,[9] además de que podría enfrentar un claro conflicto de interés. En efecto, como se dijo antes, su empresa Operadora Cicsa lidera el grupo que ganó la licitación para la construcción del edificio terminal (un contrato por 84 mil 828 millones de pesos, considerado la ‘joya de la corona’), en conjunto con Ingenieros Civiles Asociados (ICA), la constructora fundada por Bernardo Quintana; la española FCC; la empresa GIA, dirigida por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del viejo conocido de Slim, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari; Prodemex Infraestructura, dirigida por Olegario Vázquez Aldir, propietario del Grupo Empresarial Ángeles, holding de hospitales Los Ángeles, hoteles Camino Real, Grupo Financiero Multiva y Grupo Imagen, propietario del diario Excélsior, y la constructora La Peninsular, subsidiaria del Grupo Hermes, que preside Carlos Hank Rhon, otro gran beneficiado del viejo priísmo, hoy dueño del banco más grande de México, Interacciones, que en fechas recientes se comió a Banorte.[10] GIA, Cicsa, Prodemex y La Peninsular también ganaron la licitación para construir la pista 3 del NAICM, valuada en 7 mil 841 millones de pesos.

Pero además, el yerno de Slim, Fernando Romero Havaux (esposo de Soumaya Slim Domit), creador del Acuario Inbursa y del Museo Soumaya, al lado del británico Norman Foster, a su vez creador del aeropuerto de Beijing, participó en el diseño del nuevo aeropuerto con un contrato por mil 841 millones de pesos.[11] Y por si fuera poco, como se dijo arriba, su Grupo Financiero Inbursa destinó 13 mil millones de pesos para adquirir 43% de los certificados del Fideicomiso especializado en infraestructura (Fibra E), que colocó el GACM en los mercados en marzo.[12]

Aerotrópolis, el gran negocio de Slim y el Grupo Atlacomulco

La liga de varios magnates que representan a los mexicanos de 0.1 por ciento que integran la lista dorada de Forbes (Slim, Olegario Vázquez y Hank Rhon), cuyas fortunas entre 1996 y 2014 derivan de sectores privatizados, concesionados y/o regulados por el sector público,[13] a quienes se suma Hipólito Gerard Rivero, uno de los empresarios más beneficiados con contratos de obra pública de la administración Peña Nieto, no sólo tiene que ver con la construcción del nuevo aeropuerto: detrás de la discusión sobre el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria se esconden la especulación sobre la tierra y un millonario e irregular proyecto inmobiliario.

El propio Slim, propuso en su conferencia de prensa hacer “un nuevo paseo de la Reforma” en los terrenos de la actual terminal aérea, en la delegación Venustiano Carranza, para utilizarlos con centros comerciales, hoteles y desarrollos inmobiliarios. Dijo que sería una “transformación mágica” de esa área de la Ciudad de México, que se convertiría en un “área de vanguardia”.

Pero Slim no habló del desarrollo de los municipios aledaños al aeropuerto de Texcoco, porque como denunció Javier Jiménez Espriú, ése es un proyecto del grupo del Estado de México: el Grupo Atlacomulco. Según Jiménez Espriú, en 2016, el entonces subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, operó para que se expropiaran 200 hectáreas cercanas al Lago Nabor Carrillo, y se las entregaron a Antorcha Campesina, organización señalada como uno de los grupos de choque del Partido Revolucionario Institucional, con la excusa de construir la Universidad de Chimalhuacán.[14] El decreto expropiatorio permitirá enajenar hasta 40% de esos terrenos, que ahora tendrán una mayor plusvalía.

Asimismo, como parte de un gran negocio irregular, todos los terrenos aledaños al Circuito Exterior Mexiquense, incluyendo algunos pertenecientes a ejidatarios de Atenco, han sido adquiridos por representantes de ex gobernadores y funcionarios del Estado de México.[15]

A su vez, el columnista Salvador García Soto, de El Universal, escribió el 28 de marzo que en torno a la terminal aérea se teje otro gran negocio multimillonario: Aerotrópolis, un ambicioso proyecto urbano y logístico que proyecta construir en 4 mil 431 hectáreas de los municipios de Atenco y Texcoco –buena parte en terrenos propiedad de políticos y empresarios del Estado de México− una nueva “ciudad” que abastezca de infraestructura, logística de transportación y carga, servicios urbanos, comercio y vivienda de nivel medio y alto al Hub Internacional contiguo al nuevo aeropuerto.[16]

            Según García Soto, el proyecto vale hasta 20 veces más el costo del nuevo aeropuerto y cuyas inversiones y desarrollos significan negocios multimillonarios y continuos para “los próximos 50 o 100 años” para construir y desarrollar “desde centros comerciales, hoteles, autopistas urbanas, parques industriales y empresariales, áreas exclusivas de vivienda de nivel alto, zonas de libre comercio, clubes deportivos y de golf, hasta un parque de diversiones de la franquicia más rentable a nivel internacional”.

Agregó que esa área se convertirá en un “centro de negocios gigantesco” −el más grande de América Latina−, que a su vez se conectará a la obra del Nuevo Puerto de Veracruz, que quintuplicó su capacidad este sexenio, para construir un enorme corredor logístico de carga y transporte de mercancías y productos de exportación.

Para eso construyeron y terminaron este sexenio varios tramos de la autopista que conecta la zona de Texcoco con las Pirámides y ésta a su vez con el estado de Veracruz, con inversiones federales millonarias que conectan el Estado de México con el Nuevo Puerto veracruzano y completan ese corredor.

García Soto dijo que un colaborador cercano de uno de los jefes del grupo político mexiquense le reveló que “ese es el verdadero negocio del grupo Atlacomulco”. “Por eso quieren el aeropuerto ahí y lo defenderán a toda costa, más allá de cuestiones de viabilidad técnica o financiera, porque ahí tienen planeada toda una ciudad y un corredor logístico y de servicios que, junto con el Nuevo Puerto de Veracruz, les dará la posibilidad de negocios e inversiones por los próximos 50 o 100 años”.

El periodista de El Universal abundó que “varias cabezas importantes del grupo político mexiquense, que rodea y controla al presidente Peña Nieto”, están detrás de ese ambicioso plan de negocios a futuro. Por eso “en la construcción del aeropuerto el gobierno federal fue cuidadoso y repartió las licitaciones entre grandes empresarios como Carlos Slim, Carlos Hank Rhon, Lorenzo Zambrano y constructoras como ICA, Pinfra, Cicsa, entre otras beneficiadas.”

Los negocios que importan para el Grupo Atlacomulco son los que vendrán en el proyecto urbano y logístico que rodeará a la nueva terminal y que significan contratos millonarios de obras de infraestructura comercio y vivienda para los que ya hay una relación de empresas, que incluye los dueños reales de esas empresas, con proyectos y licitaciones futuras de aquí a 50 años.

De acuerdo con García Soto, el plan incluyó la compra de empresas, muchas de ellas extranjeras y quebradas, por empresarios o prestanombres de políticos mexiquenses, que adquirieron 49% de varias constructoras españolas, polacas y portuguesas entre las que figuran Caltia y Mota Engil.

En ese contexto, se ubica el hecho de que desde hace varias semanas, según denunció José Luis Luege, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, responsable de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), cambió el acrónimo para referirse al mismo por NAIM, sin que haya ninguna explicación de por qué se eliminó la “C” de Ciudad.[17]

Todo lo anterior nos remite a lo del principio: hace referencia al colonialismo insidioso, ese que Boaventura de Sousa Santos define como “gaseoso y evanescente, tan invasivo como evasivo, en suma, astuto”.  Al nuevo colonialismo interno de la época neoliberal, que se basa en la explotación de unas regiones por otras con la zanahoria del “progreso”, el “desarrollo” y la “modernidad”. A una guerra de clases desatada por los de arriba contra los de abajo.

Parafraseando a Gramsci, los magnates Slim, Hank Rhon, Olegario Vázquez, el clan Salinas de Gortari y los integrantes del Grupo Atlacomulco actuarán como “sanguijuelas” que se enriquecerán todavía más a costa de la explotación regional de un área habitada por cinco millones de personas. Cabe concluir que, además, el “barril sin fondo” del nuevo aeropuerto al que aludía López Obrador, incluidos los riesgos en seguridad, hidrológicos y en materia de falta de agua para 20 millones de habitantes del Valle de México, es una de las prácticas favoritas de la plutocracia neoliberal.

Y hoy, 7 de mayo de 2018, tenemos una nueva prueba de la “insurgencia plutocrática” de la que hablaba al principio: los desplegados aparecidos en toda la prensa nacional de los señores del dinero, que se niegan a perder sus intereses.

[1] Juan Carlos G. Partida y Alma E. Muñoz, “Propone López Obrador instalar mesa técnica para revisar obras del NAICM”. La Jornada, 24 de marzo de 2018.

[2] Misael Zavala y Sara Cantera, “Revisarán López Obrador e IP proyecto de nuevo aeropuerto”. El Universal, 24 de marzo de 2018.

[3] Redacción, “Pactan AMLO y CCE mesa por aeropuerto”. Milenio, 24 de marzo de 2018.

[4] Carlos Fernández Vega, “NAICM: ¿no a la supervisión? Irregularidades por doquier. Ruiz Esparza: ¿pérdida de fe?”. México SA, La Jornada, 26 de marzo de 2018.

[5] Roberto González Amador, “Dinero de pensiones se usará para terminar el proyecto de NAICM”. La Jornada, 24 de marzo de 2018.

[6] Reuters, “Se rescató a ICA con los fondos de Pensionissste”. Titular de portada de La Jornada del 13 de marzo de 2018.

[7] Arturo Cano y Alma Muñoz, “El NAICM, un barril sin fondo; es tirar el dinero”. La Jornada, 2 de abril de 2018.

[8] Miriam Posada García, “Slim advierte a AMLO: cancelar el nuevo aeropuerto, freno al desarrollo”, La Jornada, y Carla Martínez, “Defiende Carlos Slim Helú construir nuevo aeropuerto”, El Universal, 17 de abril de 2018.

[9] Alberto Barranco, “Slim, juez y parte”. Cartera, El Universal, 18 de abril de 2018.

[10] Ver Israel Rodríguez, “Varios magnates están ligados a las constructoras del NAICM”, La Jornada, 19 de abril de 2018, y Jesusa Cervantes, En el meganegocio, los apellidos de siempre: Slim, Salinas, Hank…”, revista Proceso, 22 de abril de 2018.

[11] Ver Barranco, ya citado y Mario Maldonado, “El beso del Diablo de Slim”, Cartera, El Universal, 18 de abril de 2018.

[12] Mario Maldonado, citado arriba.

[13] Ver Gerardo Esquivel, Desigualdad extrema en México, El Colegio de México y Oxfam, 2015, citado por John Saxe Fernández en “Milmillonarios y el nuevo aeropuerto CDMX”, La Jornada, 26 de abril de 2018.

[14] Jenaro Villamil, “En el NAIM aterrizan ya la crisis hídrica y la transa inmobiliaria”. Proceso, 22 de abril de 2018.

[15] Ibíd.

[16] Salvador García Soto, “Aerotrópolis, el gran negocio del aeropuerto”. El Universal, 28 de marzo de 2018.

[17] José Luis Luege, “NAICMvs. NAIM”. El Universal, 9 de abril de 2018.

Sobre el “Así no” del CMN

La Jornada Lunes 7 de mayo

México vive en la coyuntura de una aguda lucha de clases. Una violenta lucha de clases promovida por los que mandan: los barones del dinero. Se trata de una violencia impulsada por una minúscula clase capitalista trasnacional (CCT), que ha integrado a México al nuevo sistema globalizado de producción, finanzas y servicios. La CCT está formada por los propietarios y gerentes del capital trasnacional, que operan como agentes del capitalismo global. Sus intereses radican en promover circuitos de acumulación de capitales globales; no nacionales. Pero como dice William I. Robinson, a pesar de la retórica del fundamentalismo del mercado total, el sistema capitalista no puede sostenerse únicamente mediante las relaciones de mercado. Para funcionar, el capitalismo requiere del Estado. Por eso, con mayor profusión desde los años 90 del siglo XX, de la mano de la dictadura del pensamiento único neoliberal, al igual que en los centros de poder hegemónico, la clase capitalista trasnacional mexicana viene impulsando una insurgencia plutocrática (Robert Bunker) para subordinar al Estado.

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